La Fiscalía mantiene los 4 años de cárcel para el alcalde de Navalcán

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El ministerio público sostiene que el alcalde de Navalcán firmó la ejecución de una obras inexistentes. La defensa pide la absolución y atribuye la acusación a un empeño del fiscal.

La Fiscalía mantuvo ayer tras la segunda y última sesión del juicio la petición de cuatro años de prisión al alcalde de Navalcán del PSOE, más una multa de veinte meses, a razón de doce euros de cuota diaria y la consiguiente inhabilitación como cargo público durante ese mismo periodo por un delito de falsedad en documento oficial por una subvención de la Diputación. La defensa, por su parte, reclama la absolución.

El fiscal, Ángel de la Cruz, considera acreditado en el juicio el delito de falsedad en documento oficial por la declaración responsable firmada por Jaime David Corregidor (alcalde PSOE de Navalcán) de que estaban terminadas «en su integridad».

Según el escrito de acusado los hechos se remontan a un escrito fechado el 4 de marzo de 2009, cuando el acusado, en calidad de alcalde de la localidad de Navalcán (Toledo), solicitó tres subvenciones a la Diputación Provincial de Toledo para la realización de unas obras de mejoras que habrían de llevarse a cabo en la denominada «Dehesa de Calabazas», finca rústica de propiedad municipal que, actualmente, se alquila como coto de caza, matriculado con el número TO-10.289  y con una superficie total de 850 hectáreas.

El 29 de octubre de ese mismo año, la Diputación de Toledo realizó una transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Navalcán por importe de 33.333 euros, como subvención a las instalaciones antes mencionadas. La Fiscalía sostiene que no se realizaron estos trabajos y que el alcalde faltó a la verdad «de manera consciente y deliberada».

«Se desconoce el destino que el acusado dio a los 33.333 euros enviados por la Diputación para las instalaciones al no haberse destinado a los fines solicitados», afirma el escrito de acusación.

Las obras consistían en instalación del sistema de goteo, instalación eléctrica y cerramiento, consistente la primera de ellas en realizar el mismo y en poner tuberías principales secundarias y goteros «sin que se hablase para nada de perforación»; la segunda en la instalación eléctrica con transformador para abastecer de energía eléctrica a la «Dehesa de Calabazas», instalándose postes, línea, transformador y conducción de línea; la tercera de ellas en el cerramiento de la finca con malla cinegética de menos de dos metros de altura, como medida de protección contra amenazas externas o ganado, entre otras.

Por su parte, la defensa solicitó la absolución de Corregidor y atribuye al fiscal «un empeño específico» para mantener la acusación. La abogada Francisca Cobos incidió en que el destino de los 33.333 euros se abría a mejoras de la dehesa municipal, que incluyen la piscina y el arreglo del escenario.

El representante del ministerio público deslizó que el alcalde no mencionó hace siete años en las declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 4 de Talavera ninguna obra en la piscina o en un escenario, presentadas por la defensa en el juicio como destino de los 33.333 euros de subvención.

De la Cruz sacó a colación al secretario municipal de Navalcán en 2009, quien dijo que entabló una conversación telefónica con un trabajador de la Diputación para informar del cambio de destino en las obras al no hallar agua para el olivar previsto. «¿Con quién habló? No lo sé», dijo en alusión a su pregunta y a la respuesta del testigo, que atribuyó a «malos hábitos» que no dejara constancia escrita.

«Nada más, señoría». Fueron las únicas palabras pronunciadas por Jaime David Corregidor en la última sesión del juicio en el turno final del acusado.

 

Foto portada: ABC

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