El Servicio de Intervención de las Cortes de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa un hecho llamativo en el ámbito político y contable: el PSOE regional, liderado por Emiliano García-Page, comparte el Código de Identificación Fiscal (CIF) con el partido a nivel nacional, actualmente investigado por los supuestos pagos en efectivo realizados a varios de sus dirigentes.
El informe fiscalizador de las cuentas parlamentarias detalla que el Grupo Parlamentario Socialista “comparte, a efectos fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social, el CIF con el PSOE nacional”. No obstante, el mismo documento aclara que “la cuenta corriente en la que se ingresa la subvención concedida está vinculada al grupo parlamentario”.
Aunque expertos consultados por diversos medios señalan que esta práctica no implica necesariamente una irregularidad, sí consideran que podría facilitar transferencias internas de fondos entre el grupo parlamentario y la estructura nacional del partido. Como ejemplo, explican que el Partido Popular de Castilla-La Mancha también comparte su identificación fiscal con el partido a nivel nacional, pero “no presenta el mismo nivel de dispersión contable”.
Un vínculo fiscal “llamativo”
Fuentes cercanas al proceso han calificado esta coincidencia fiscal como “llamativa”, especialmente teniendo en cuenta que las cuentas nacionales del PSOE están siendo objeto de investigación judicial por los cobros en metálico atribuidos al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y a otros responsables socialistas.
El informe coincide con un contexto de creciente escrutinio sobre las finanzas internas del PSOE. El propio presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ya había manifestado en el pasado su preocupación ante situaciones similares protagonizadas por otras formaciones. En aquel momento, calificó como “anómalo” que VOX transfiriera dinero a su estructura nacional con el remanente no utilizado por su grupo autonómico, alegando que comprometía “la autonomía financiera del grupo parlamentario” y que podía “contravenir los principios de independencia presupuestaria y transparencia”.
Paradójicamente, Bellido no se ha pronunciado hasta la fecha sobre la coincidencia fiscal entre el grupo socialista regional y el partido nacional, pese a las implicaciones que esta práctica podría tener en materia de control financiero y trazabilidad de los fondos públicos.
Seis contabilidades diferentes
El documento del Servicio de Intervención también destaca otro dato relevante: el grupo parlamentario socialista ha presentado seis contabilidades distintas. Según el texto, una de ellas corresponde al “Gabinete Regional”, mientras que las otras cinco pertenecen a los “Gabinetes Provinciales” de la formación.
Otros grupos parlamentarios consultados afirman no compartir esa estructura múltiple. “Nosotros no tenemos seis contabilidades en el grupo, sino una sola cuenta auditable”, aseguraron representantes de otro partido en las Cortes.
Diversos expertos en finanzas políticas interpretan esta fragmentación como un reflejo de posibles discrepancias internas dentro del partido. “Cada uno quiere manejar lo suyo”, explican, en referencia al reparto provincial de fondos y competencias. Según estas mismas fuentes, los recursos económicos se destinarían a “actos y eventos decididos por el líder del PSOE de cada provincia”, lo que ha llevado a algunos analistas a describir la situación como una suma de “reinos de Taifas” dentro de la organización regional.
El convenio y los servicios asociados
El informe también recoge que el grupo parlamentario y el PSOE de Castilla-La Mancha mantienen un convenio de colaboración con fecha del 31 de diciembre de 2024. Dicho acuerdo contempla la prestación de servicios de infraestructura, asesoramiento, consultoría y apoyo técnico por parte de la organización socialista al grupo parlamentario.
El texto especifica que estos servicios incluyen la cesión de “recursos profesionales, materiales y humanos que garanticen la correcta asistencia política, técnica, jurídica y contable necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones y competencias”. El coste total de estos servicios durante el último ejercicio asciende a 415.979,35 euros.
El documento fiscalizador concluye señalando que las cuentas se han consolidado a partir de la documentación aportada —“balance, cuenta de explotación, listado diario y cuentas de mayor”— y que finalmente “se han refundido todas las contabilidades”.
Pese a esa consolidación, el hecho de que existan seis estructuras financieras diferenciadas, junto a un CIF compartido con el partido nacional, mantiene abiertas diversas interpretaciones sobre la autonomía real del grupo parlamentario y la gestión de los recursos públicos que recibe de las Cortes autonómicas.
Debate sobre transparencia y control
El hallazgo del Servicio de Intervención ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la transparencia en el uso de las subvenciones públicas asignadas a los grupos parlamentarios. En palabras de un experto en derecho financiero consultado, “la coincidencia del CIF no es en sí ilegal, pero en un contexto de investigación nacional puede percibirse como un punto débil del sistema de control interno”.
Por el momento, ni el Gobierno regional ni la dirección del PSOE han emitido declaraciones oficiales sobre el informe. Sin embargo, las conclusiones del documento podrían provocar una revisión del modelo contable de los grupos parlamentarios en la región, así como un refuerzo de las auditorías internas para garantizar la independencia entre la actividad institucional y la orgánica de los partidos.
