A finales de este mes de febrero el Tribunal Supremo se pronunciará sobre si los intereses de las tarjetas revolving son usura o no.
Una fecha que tanto entidades bancarias comercializadoras de este tipo de líneas de crédito, como los propios usuarios, tendrán marcada en rojo en su calendario.
Y es que los intereses abusivos se han convertido en el nuevo quebradero de cabeza de la banca. Según un informe de la consultora Oliver Wyman, puede haber más de seis millones de personas potencialmente afectadas por este tipo de tarjetas.
Aunque ya hay sentencias favorables para los consumidores, ya que la mayoría de las audiencias provinciales están considerando como usura los intereses que rondan el 25% TAE, aún hay mucha controversia al respecto, e incluso sentencias desfavorables que dan razón a la banca.
Por ello, el pronunciamiento del Tribunal Supremo será un punto de inflexión para la reclamación y para el control de las tarjetas revolving.
En plena guerra entre entidades bancarias y usuarios de las mismas, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas para, citamos textualmente,
“Aumentar la transparencia y protección en este tipo de crédito”.
Así, se pondrán en marcha, independientemente de la decisión del Tribunal Supremo, una serie de obligaciones en pro de la transparencia de este tipo de productos bancarios.
Y en esta línea, las entidades deberán ofrecer una información precontractual más detallada al potencial cliente, donde se recogerá un ejemplo representativo de crédito revolving con dos opciones de cuota, la obligación de remitir al cliente información trimestral en la que se especifique la evolución y situación del crédito, como el importe del préstamo, fecha estimada de finalización del pago del crédito si no se produjeran modificaciones en el contrato y diversos escenarios en función de la variación de la cuota mensual.
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