El juzgado asegura que fue «una denuncia sin concreción y sin el mínimo estándar fáctico que debe regir una querella penal»
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid acordó desestimar la querella formulada por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la masa de aguas Rus-Valdelobos contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por presunta malversación -que los querellantes tasaron en 1.200 millones de euros- por «carecer los hechos de relevancia penal», según el acuerdo de dicho juzgado.
Según el medio de comunicación El Español, este acuerdo, dictado el 3 de marzo, se produjo dos días después de que los denunciantes hicieran pública la admisión a trámite de esta querella por la Audiencia Nacional.
Según el texto de dicho acuerdo en sus razonamientos jurídicos, la exposición de los hechos por los que se presenta la querella,
«Aparte de carecer de la necesaria concreción que esta jurisdicción penal requiere, muestra evidentes referencias a diversas y enconadas controversias administrativas».
«Muchas de las alegaciones que se formulan corresponden a períodos muy lejanos en el tiempo y se trata de forzar en una farragosa y muchas veces incomprensible redacción de los hechos de distinta naturaleza, sin concreción, y sin el mínimo estándar fáctico que debe regir una querella penal». Asevera además que la referencia defraudatoria «se hace de manera generalista».
VOX lleva el tema a la justicia europea
Por su parte, Vox ha anunciado que va a solicitar ante la Fiscalía europea que se estudie la denuncia. Según EFE, así lo ha expresado, en declaraciones a los medios de comunicación en Ciudad Real, el vicepresidente de Acción Política y eurodiputados de Vox, Jorge Buxadé, quien ha visitado la ciudad, acompañado por el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Comunidades, David Moreno.
Buxadé ha señalado que tenían previsto mantener este viernes una reunión con los representantes de esos 3.000 regantes que han interpuesto la correspondiente «querella criminal alrededor del uso de las aguas subterráneas», para conocer de primera mano la realidad de este caso y las implicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha.
En este sentido, ha dicho que «en la medida de lo posible», su partido se pondrá «a su disposición» para apoyarles en este asunto. El eurodiputado ha reconocido que se ha conocido que existe «un problema interno» en la Fiscalía, «con un fiscal jefe que apoya la continuidad del proceso criminal, y por otra parte, con los fiscales designados por el Gobierno central que están poniendo fin a esa acción por parte de los regantes».
Jorge Buxadé ha recordado que la cuestión de los ERES «empezó en Andalucía con la misma historia. Un Gobierno socialista que decía no, esto es una mera cuestión administrativa, no tiene ningún problema, no hay implicaciones penales, y al final hemos acabado con la condena de dos presidentes socialistas en la Junta de Andalucía».
Por lo tanto, ha indicado que «como jefe de la delegación del Parlamento Europeo en Bruselas» de su partido, contactará con la jefa de la fiscalía europea para que «se analicen dónde han ido destinados los fondos europeos y su finalidad».
